1 de julio: lecturas posteriores.

Por: Vladimir Ramírez

Las elecciones del pasado 1 de julio demostraron en todos los ámbitos electorales, que por primera vez en mucho tiempo, la realidad superó la percepción. Los supuestos políticos y reglas no escritas que durante al menos los últimos 18 años habían venido marcando el entendimiento de lo electoral en el país, dejaron de ser referentes para la observación del comportamiento del elector a la hora de votar o abstenerse.

El resultado avasallador de los candidatos de Morena en las elecciones federales y locales en los estados del país, abre una gran diversidad de lecturas para el análisis y revaloración del desempeño de los actores políticos y los partidos que contendieron en la pasada elección.

Sin duda, una de las primeras enseñanzas de este proceso, es que aparece de nuevo, tal como sucediera en la elección del 2000, una mayoría electoral que, en apariencia, llega para quedarse como un renovado actor político determinante en la vida democrática de México.

Sin embargo, surgen también elementos que bien valdría la pena revisar con mayor detenimiento, uno de ellos es el fenómeno que Andrés Manuel López Obrador representó, como el personaje que inspiró las decisiones de una gran mayoría que eligió votar por los candidatos de Morena prácticamente a ojos cerrados, a excepción desde luego, de su propia candidatura y de algunas otras en los estados de la República y la Ciudad de México.

La experiencia electoral acomoda diversas columnas para alinear diferentes lecturas que nos permitan entender con mayor precisión el inesperado resultado que puso en crisis al resto de los partidos e hizo perder el registro a otros, tanto a nivel nacional como local en algunas entidades.

A diferencia de la elección del 2000 con la derrota del PRI en la elección presidencial, el resultado electoral de 2018 concentró todas las experiencias de persuasión electoral y todas las evidencias del engaño y manipulación de los partidos mayoritarios que protagonizaron, durante el periodo de la llamada transición o de alternancia democrática, el deterioro de la seguridad pública en el país, una creciente práctica de la corrupción en todos los ámbitos de la política y órdenes de gobierno, una pérdida continua del poder adquisitivo de los salarios y un crecimiento como nunca antes de la pobreza en el país.

Durante los últimos 18 años de gobiernos emanados del PAN en dos sexenios y un último por el PRI, se acumularon sin pudor y con un cinismo ofensivo, la demostración pública de los excesos en el poder público, como preámbulo del fracaso de una clase política joven, que llegó por la vía del privilegio; las relaciones del poder económico y la promesa de un discurso académico, modernizador, insensible y desfasado de la realidad.

La marcada preferencia por impulsar la economía privada desde todos los órdenes de gobierno y una política gubernamental que decide reducir la inversión en el sector público, inevitablemente trajo consigo una marcada disminución de la calidad de vida de los trabajadores tanto del sector público como del privado.

Las instituciones encargadas de garantizar la seguridad social, fundamentalmente en los temas de salud y educación, muestran un continuo deterioro ofreciendo un servicio deficiente y cada vez menos atractivo para la población. Las familias de la clase trabajadoras en el país, se enfrenta a dilemas que debería garantizar el Estado Mexicano de acuerdo a sus derechos constitucionales, sin embargo las familias asalariadas sortean en la realidad un dilema de tipo económico al tener que invertir, en opciones privadas de salud y educación, cuando le es posible a las clases medias en el mejor de los casos.

Por otra parte, los aumentos graduales de los productos considerados dentro de la canasta básica y el paulatino aumento del costo de las gasolinas, anulan toda posibilidad de crecimiento de las familias mexicanas. Los resultados de una economía gubernamental abierta, privatizadora y globalizada, que se impulsó con mucho mayor énfasis durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, arrojan saldos negativos para la mayoría de los mexicanos. Con ello la semilla del descontento social queda sembrada.

Por otra parte, la falta de una oposición política real frente al proyecto económico de los Gobiernos del PAN y del PRI, generaron un ambiente de orfandad representativa para la población, de frente a una clase política que actúa en función de los intereses y privilegios que recibe en lo particular y a nivel de las cúpulas de sus partidos.

Las primeras manifestaciones de descontento del electorado se exhibieron a través de una conducta negada a participar en las elecciones, a no votar como muestra inmediata de su inconformidad, situación que aumentó el fenómeno del abstencionismo y se evidencia públicamente en la elección presidencial cuando se declara ganador a Enrique Peña Nieto, acusado de comprar votos para garantizar su triunfo a través de actos ilegales y fórmulas matemáticas.

Otros de los elementos que propiciaron la conformación de un descontento silencioso desde la población, fue el llamado “Pacto por México” con el apoyo unánime de los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda para llevar a cabo las polémicas reformas estructurales que en muy corto plazo demostraron ser modificaciones constitucionales para beneficiar a cierto grupo de empresarios nacionales y a capitales extranjeros, sucesos en los que se acusa la participación de ex funcionarios federales desde la época del periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta el actual gobierno, sobre todo en lo relacionado con la reforma energética y el petróleo mexicano.

La acumulación de fracasos y desaciertos en la economía del país, la lucha contra el crimen organizado y la creciente violencia, inseguridad y corrupción en la procuración e impartición de justicia en prácticamente en todas las entidades, puso a la luz pública la complicidad de los gobiernos tanto federal como estatal y municipales, sin ninguna distinción de filiación política partidaria. Todos, desde la más alta cadena de mando hasta la más simple y de menor grado, tenían o temían tratos con el crimen organizado.

Otra de las razones por demás evidentes fueron las formas de ejercer el poder sin medir el daño que históricamente han propinado a la política las relaciones nepotistas en el servicio público, y que durante los últimos años se repitió sin ningún asomo de prudencia con el nombramiento de funcionarios de primer nivel a hijos y familiares directos de la clase política, en los que se comparten privilegios y se actúa bajo el manto protector del tráfico de influencias para beneficiarse con grandes sueldos, contratos y cargos de elección popular.

Las anteriores prácticas de la clase política llegaron a establecerse en conocidas costumbres que se asumieron como derechos en el mundo de las reglas no escritas de la política en México, lo que formó como consecuencia a políticos sin el más mínimo compromiso con la sociedad, carentes de arraigo popular y de una verdadera vocación política.

Con una mayoría de perfiles con tales características, se designaron candidatos de los partidos tradicionales, quienes apostaron por un triunfo basado en la confianza de los resultados electorales anteriores que les habrían garantizado el triunfo por medio de estrategias de movilización, compra e inhibición del voto el día de la elección. Además de enfrentarse a la experiencia electoral inédita de la reelección, sin imaginar el peor resultado electoral en la historia de sus partidos.

Después del resultado de la elección del pasado 1 de julio, el mensaje de la mayoría electoral ha sido claro y directo. El elector mexicano aprendió a quitar del gobierno y de los puestos de elección popular a quienes le mintieron por tres ocasiones prometiéndole bienestar, modernidad, mejoría económica y resultando ser todo lo contrario una y otra vez.

El resultado final resultó ser el surgimiento de sentimiento colectivo de hartazgo que se reveló de manera pacífica a través del sufragio en contra de toda representación de los partidos políticos tradicionales y del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La lectura más clara de este último proceso electoral es que ahora es un asunto que involucra a todos los actores, a una clase política que tendrá que asumir las consecuencias de sus actos y revalorar su ejercicio político y democrático en un nuevo contexto electoral que califica su actuación, desempeño y resultados para la población.

El tablero y las reglas del juego han cambiado y la línea de aprendizaje de nuestra nueva democracia apenas se figura.