Conociendo una experiencia: el FCE en Tierra Caliente

Ronaldo González Valdés

Cultura de paz, palabra y memoria (México, Fondo de Cultura Económica, 2016), expone la aplicación de un modelo de gestión comunitaria desde la cultura. El año 2013, el FCE echó a andar en Apatzingán, población enclavada en la región michoacana de Tierra Caliente, un lugar acechado por casi todas las modalidades de la violencia, un centro cultural cuya acción se articula en tres grandes ejes: colaboración de los tres órdenes de gobierno, participación ciudadana y orientación hacia una cultura de paz.

Se trata de un verdadero dispositivo de intervención que desde la revaloración de la cultura propia, la aproximación a las artes, el diagnóstico y la identificación de actores y recursos, tiene como pivote la estación de una librería del FCE con talleres de lectura y memoria, programas para la primera infancia, lectura extramuros (hospitales, centros de trabajo, mercado, unidades habitacionales, etcétera), lectura en escuelas de educación básica, área de juegos, cultura digital, talleres de expresión artística y espacio de usos múltiples.

Los testimonios de escritores como Eduardo Antonio Parra, Julián Herbert y Antonio Ramos Revillas, que, entre otros, han participado de esta andadura impartiendo talleres, además de la crónica y repaso de una de sus principales promotoras, la escritora y promotora cultural Socorro Venegas, los planteamientos conceptuales hechos por Luz María Chapela y Estela Vázquez, la puntual exposición del modelo y, destacadamente, el escrito que sustentó la conferencia dictada en dicho Centro Cultural por el principal promotor de lo que se conoce como el modelo Medellín, José Melguizo, el 18 de marzo de 2016, todos estos documentos dan cuenta de una ejemplar experiencia.

Una aleccionadora experiencia que, sobre todo en lugares como Michoacán o Sinaloa, obliga al hecho de conciencia en varios sentidos. Apunto algunos:

  1. El periodista sinaloense Alejandro Sicairos publicó recientemente un artículo titulado “Cultura, antídoto urgente. Menos armas y más artes”, en el cual señala que el gobierno de Sinaloa está destinando este año más de 1,500 millones de pesos a seguridad pública, mientras que a cultura se asignaron 138 millones (periódico Noroeste, Culiacán, Sinaloa, 30 de junio de 2017). Y pregunta: “¿más armas, drones y patrullas son la solución a largo plazo de la situación de barbarie que se cierne sobre Sinaloa? ¿No sería mejor que mientras el Ejército y la Federación libran su batalla contra el crimen,  el gobierno estatal le metiera más dinero a cultura, educación y ciencias?”. Sin duda, esto tiene que ver con la ausencia de centralidad del tema de la cultura en las mentes de nuestros tomadores de decisiones.
  2. Pero tiene que ver también con la propia concepción que del quehacer público cultural tienen los responsables de las áreas de cultura en los niveles federal, estatal y municipal. En esta idea, tal y como lo sugieren otras experiencias en el país (pueden revisarse varias de ellas en el libro coordinado por Lucina Jiménez, Arte para la convivencia y educación para la paz, México, FCE, Secretaría de Cultura, 2016), se requiere ir más allá de los programas convencionales que insisten en la realización de festivales de esto y aquello o en la subordinación de la política cultural a imperativos de orden económico, político o estrictamente estéticos (las grandes exposiciones, los grandes montajes escénicos, los grandes autores).
  3. Por otra parte, hay que decir que no es sólo que no se destine el recurso necesario a las tareas de la cultura (cosa que es cierta), también ocurre que no hay  racionalidad en su asignación ni sentido estratégico en su ejercicio. ¿Quién no sabe que los diputados federales etiquetan cientos de millones de pesos para este y otros renglones con criterios clientelares? ¿Quién no sabe que los institutos y las secretarías, empezando por la Secretaría federal, aplican los dineros en lo espectacular y deslumbrante antes que en lo  discreto y necesario?
  4. Desde hace rato, hay por lo menos tres realidades emergentes que no han sido asumidas por la política pública cultural ni en el ámbito federal ni el estatal ni en el municipal: el deterioro de la vida social en las ciudades y en el medio rural, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están ya cambiando nuestros hábitos de percepción, y la globalización y la interdependencia (con sus contrapartes en el resurgimiento de la xenofobia, los exclusivismos y los racismos exacerbados que asoman su rostro funesto en nuestros días).
  5. Los programas de prevención social del delito han sido un estrepitoso fracaso. Los criterios con que se han seleccionado demarcaciones para la intervención con “prevención en lugar de punición” han sido poco claros, las acciones emprendidas son difíciles (si no imposibles) de evaluar y, cuando se les contrasta con la recurrencia de delitos como homicidios, robos de autos, casas habitación o negocios, los datos indican que los miles de millones de pesos invertidos no han tenido resultados alentadores. Tal es el caso del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), lanzado por el gobierno federal desde el 2013 (puede consultarse el estudio de José Merino y Carolina Torreblanca, “Dinero gastado en PRONAPRED: 10 mil millones de pesos. Relación con cambio en violencia: nula”, Blog de datos, edición digital de la revista nexos, 13 de febrero de 2017).

Antes que gastar dinero en este o aquel torneo deportivo, en este o aquel festivalito o festivalote en tal o cual polígono de marginación, debería pensarse en recuperar experiencias como las del FCE en Apatzingan o el Consorcio Internacional Escuela y Arte (ConArte) en varios lugares de la república. En su metodología, para empezar, ambos planteamientos parten de la elaboración de un diagnóstico de la situación, de los activos culturales que se pueden actualizar a través de la lectura, de una pedagogía artística, de una recuperación de la memoria comunitaria, ubicando el (los) conflicto(s) para gestionarlo(s) desde prácticas propiciatorias del diálogo, la inclusión, el reconocimiento del otro y el autorreconocimiento.

En Apatzingan, en plena Tierra Caliente michoacana, hicieron uso de una estación de ferrocarril abandonada para crear el Centro Cultural del FCE, Culiacán tiene ese espacio histórico sin uso desde hace décadas; el escritor Élmer Mendoza presentó el proyecto al entonces gobernador Mario López Valdez, ¿lo conocerá el actual ejecutivo estatal Quirino Ordaz Coppel? De no ser así, no sé qué estarán esperando nuestras autoridades locales para ponerlo a su consideración.

Ronaldo González Valdés

Sociólogo y ensayista. Su último libro es Izquierda y Universidad: un discurso rampante (1966-1985), México, ediciones Lirio y Aldea 21, 2016.

Written by Redacción