Municipio y federalismo, el espejo de nuestro subdesarrollo

Num 18 | Sinaloa y su porvenir

Vladimir Ramírez

No puede conseguirse ningún progreso verdadero con el ideal de facilitar las cosas.
Hermann Keyserling 

Mucho se ha discutido el asunto del federalismo en México. Desde la última década del siglo pasado hasta nuestros días el tema parece ponerse en boga cada tanto tiempo, sobre todo en periodos de elecciones federales.

Aún así el asunto del afamado y muy mentado “federalismo”, no termina de ser entendido por el grueso de la población, incluyendo por igual a uno, dos o más servidores públicos de cualquier nivel de gobierno. Aunque debería ser una cuestión mucho más conocida o habitual en los gobiernos municipales. Pero no es así.

Normalmente se aprende ya estando en funciones, como se acostumbra en cada inicio de administración o en algún inesperado relevo de un área que tenga que ver con el manejo y gestión de los recursos fiscales. Aunque no es una regla, se puede llegar y salir como funcionario público y no saber de qué se trata.

Pero vayamos primero a intentar averiguar qué es eso del federalismo: en primer término se puede definir como un sistema político que busca que un país, como el nuestro, esté formado por entidades federativas o estados que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios. En México se compone por gobiernos municipales, estatales y federal.

Esta definición llana, escolar y reducida, es lo más que se conoce comúnmente. El tema es amplio y tiene que ver igual con aspectos de orden jurídico, de competencias, soberanías, divisiones de poder y régimen democrático, que de alguna manera ya se viven o se padecen, aún y cuando no se alcancen a entender, así funciona nuestra nación.

Uno de los aspectos que mayor relevancia ha retomado en las últimas décadas es lo relacionado con la descentralización y la redistribución fiscal por niveles de Gobierno. Es decir, con la distribución del dinero público, recabado a través de los impuestos y que la federación entrega a los estados y municipios.

Más allá de las discusiones de si aún existen prácticas centralistas que continúan siendo un obstáculo para la democracia y el desarrollo armónico de las regiones y municipios del País, está el tema, pendiente aún, de llamar a cuentas a los gobiernos y comunidades locales. Me refiero al estudio y evaluación del comportamiento de nuestros municipios y el manejo de los recursos hacendarios.

Algunas de las preguntas centrales que deben ser respondidas y evaluadas por especialistas, son las de saber si estos recursos están siendo aplicados de forma racional con eficacia, eficiencia y economía. O si por el contrario se le ha dado un uso desafortunado a consecuencia del rezago administrativo e institucional en nuestros municipios.

Si bien se ha ido avanzando, lentamente, en el proceso de descentralización de los recursos fiscales a estados y municipios, en lo que corresponde a Sinaloa no se ha tenido hasta ahora un, digamos, inventario de resultados sobre las deficiencias de este proceso de descentralización, lo que implica que no se tiene una idea clara, de si estamos aprovechando o desaprovechando esta oportunidad para crecer y desarrollarnos como municipios.

¿Cómo saberlo? ¿Quién se ocupa desde nuestro ámbito municipal o estatal de evaluar el desempeño de las instituciones nuestras? ¿Quiénes valoran la vida municipal que de forma inevitable o afortunada es la parte que soporta y promueve el futuro de progreso, modernidad y bienestar que se anhela y se promete en cada discurso y en cada proceso electoral? Se espera que la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, cumpla con este cometido a través de su auditorias financieras y de desempeño, sin embargo, como toda institución pública, no está a salvo de correr el mismo riesgo de ser un espacio más para cumplir con la lógica del poder y servir por igual como un espacio más para la repartición de cuotas de poder y la negociación de los intereses de la clase política en los municipios.

Actualmente se tiene conocimiento público del mal manejo de las finanzas en los municipios, del endeudamiento irresponsable de la mayoría de los Ayuntamientos, incluyendo por Ayuntamiento no sólo al titular del gobierno municipal, sino a los Cabildos y sus regidores entendida como la representación de los partidos de oposición.

De igual manera, pero mucho más discreta están las auditorias de desempeño, encargadas de evaluar el resultado de los objetivos de cada gasto público, es decir, saber de qué tanto sirvió lo que se gastó y si alcanzó los propósitos para lo que fue planeado.

Por otra parte, muy por encima, en nuestro tiempo, el federalismo tiene su valor fundamental en el propósito de ir otorgando autonomía financiera a los municipios, de soltar el encargo de administrar su futuro. Sin embargo, la realidad nos dice que en la mayoría de los municipios de Sinaloa, como en el resto del País, se tienen serias dificultades para asumir tales funciones y responsabilidades. No se cuenta con la infraestructura administrativa ni la solidez institucional para convertirse en los ejes de desarrollo regional. Tampoco se manifiesta la voluntad y el interés de la clase política para que sea haga de manera diferente.

El principal obstáculo para el avance y fortalecimiento de la instituciones son la clase política que de formas evidentes mantiene secuestrado el servicio público, obedeciendo más a criterios de la llamada “real politic” y usufructuando la nómina para mantener lealtades y equipos de campaña.

Hoy los municipios están llamados a dejar su tradicional función de agencias administrativas prestadoras de servicios públicos que tuvieron durante décadas. Los cambios ocurridos en los últimos veinte años en materia económica, política y social, exigen un papel más activo y profesional de los servidores públicos municipales. El cambio social dejó de estar comprometido en los procesos electorales y partidos políticos, ahora se encuentra más vigente que nunca, en el ejercicio y las prácticas del gobernar. De otra manera, el trayecto de lo que se espera de las y los políticos, seguirá en la dicotomía de promesas anheladas a promesas incumplidas.

El tema es complicado, es cierto, tal vez por ello me convenzo cada vez más de que es el momento de crear un espacio académico de reflexión y estudio sobre la realidad y el futuro de nuestros gobiernos locales. Las universidades estarían llamadas a jugar ese papel histórico de orientar el futuro de nuestras sociedades, al menos, para alejarnos gradualmente de  nuestra condición de pueblos subdesarrollados.

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Written by Redacción