Austeridad y Financiamiento Público a los Partidos Políticos

Por: Manuel Cárdenas Fonseca

 Uno de los temas prioritarios para atender por el nuevo Congreso y el nuevo gobierno federal es el relativo al excesivo y creciente financiamiento público que reciben los partidos políticos en México. No se podrá hablar de un gobierno austero, mientras existan partidos políticos que viven en la opulencia y el derroche.

La austeridad (que no debe representar insuficiencia sino racionalidad en el uso de los recursos) debe pasar necesariamente, por  reducir sustancialmente el costo que representan los partidos políticos para la sociedad mexicana, tanto porque son ellos la principal vía de acceso al poder público, como también, y sobre todo, porque el país tiene una gran cantidad de necesidades que atender y pocos recursos para hacerlo.

De hecho este no es un tema nuevo en el debate nacional; el excesivo y creciente financiamiento público que reciben los partidos políticos en México, ha sido una preocupación constante en amplios sectores de la sociedad durante muchos años y causa de amplias discusiones que desafortunadamente no han concluido en el establecimiento de un mecanismo efectivo que permita frenar el incremento de los recursos que reciben.

Desde hace 30 años se otorga financiamiento público a los partidos políticos en México  y este financiamiento es el mayoritario con el propósito de blindar a estas entidades de interés público de influencias externas. Pero a la par de esta preocupación, o quizás amparada en ella,  los recursos destinados a los partidos políticos han crecido de manera exponencial y escandalosa, tanto el público como el que no se sabe de dónde proviene pues todos gastan más que los topes y ello se puede comprobar en el día a día de los actos de campaña. La gran tajada se da en los medios de comunicación y empresas asesoras.

Las fórmulas que se han utilizado históricamente para el cálculo del financiamiento de los partidos políticos han fallado en ser discrecionales o en partir de valores que no se mantienen constantes en el tiempo como el salario mínimo/Unidad de Medida y el padrón electoral. Ello ha permitido que en muy poco tiempo, el financiamiento público a los partidos políticos crezca y crezca sin control y todo porque así está en la ley.

La reforma de 2008, propuso una nueva fórmula (que critiqué en su momento) para el financiamiento público a los partidos políticos, buscando eliminar la discrecionalidad que existía anteriormente y disminuir los recursos que se les otorgaban. Pero la realidad es que de 2008 a la fecha estos recursos se han duplicado, además que desde entonces los partidos políticos no tiene que pagar por radio y televisión, a los que en tiempos electorales destinaban más del 60% de su presupuesto, porque lo reciben de manera gratuita. Eso implica que el financiamiento público a los partidos políticos se ha cuadriplicado en menos de 10 años.

Pero los partidos no sólo reciben recursos para actividades ordinarias y electorales, también millones de espacios de radio y televisión de manera gratuita, franquicias de correo y telégrafo, recursos para actividades específicas así como recursos de las entidades federativas donde mantienen su registro local, esto último esto duplica sus ingresos, en muchos casos.

Como senador de la República, en la pasada legislatura, presenté una iniciativa en la materia, en la que plantee claramente, que sí no modificamos la fórmula de cálculo  para otorgar este financiamiento, pasando de las bases variables que hemos utilizado hasta ahora (y que son la base de otras iniciativas recientes), para establecer como base una cantidad fija (no sujeta a variaciones) que pueda incrementarse de forma marginal anualmente; será imposible frenar el crecimiento acelerado del financiamiento público a los partidos políticos.

La inflación, el padrón electoral, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la lista nominal, el número de votos obtenidos o cualquier otra similar, que son los elementos de la fórmula vigente o se encuentran en diversas propuestas, son variables y en su mayoría se incrementan anualmente, lo que significaría mantener el mismo esquema de crecimiento exponencial del financiamiento que tenemos hoy. Cualquier proyección a 10 o 20 años de una fórmula basada en estos elementos, nos muestra que el financiamiento público crecería tan rápido como lo ha hecho hasta ahora y que la solución solamente sería en el muy corto plazo y de carácter cosmético.

Hoy se tiene la obligación, necesidad y la responsabilidad de hacer compatible el compromiso de que los partidos políticos usen mayoritariamente recursos públicos; con el hecho de que estos recursos no sean excesivos y representen tan sólo el mínimo indispensable para que los partidos cumplan con sus responsabilidades constitucionales.

En mi opinión la única manera de ser consecuentes con una política de austeridad y de garantizar que el financiamiento público no vuelva a ser excesivo es reducirlo de manera directa y establecer una fórmula de cálculo que parte de una base o cantidad fija.

Por eso debemos de partir de una base fija, que en este caso, sería el 50% del monto aprobado para gastos ordinarios de los partidos para 2017, y plantear un incremento marginal de 1% anual a este monto  y 2% en años electorales. Esto permitiría prácticamente mantener fijo el monto de financiamiento a los partidos políticos y disminuirlo en términos reales en el tiempo. Y este sólo es el primer paso.

También debemos recudir como mínimo del 3% a 1.5% (sobre lo autorizado para gastos ordinarios) el porcentaje que se les otorga para actividades específicas. Esto significaría un ahorro total inmediato de miles de millones de pesos.

Es importante también establecer en la ley que los partidos políticos con registro nacional ya no reciban recursos de las entidades federativas para sus gastos ordinarios, sino sólo lo reciban los partidos locales para la obtención del voto durante procesos electorales locales. Los recursos que reciben de la federación estos partidos son suficientes para mantener a sus representaciones locales durante épocas no electorales. Esto significará ahorros substanciales para todas las entidades que sólo otorgarán financiamiento a los partidos locales y que por lo tanto, deberán replantearse la bolsa total que se destina a este propósito.

Fundamental también resulta reducir sustancialmente los tiempos de radio y televisión que se otorgan a los partidos políticos, y que son dinero, los cuales ante los ojos ciudadanos resultan excesivos y hasta ofensivos. Por ello, es necesario reducir estos tiempos otorgados por la autoridad al menos a la mitad y deben de repartirse de manera paritaria. Este debe ser un primer paso, para que los partidos políticos paguen directamente o, en su caso, les sea descontado del financiamiento que reciben, estos tiempos oficiales de radio y televisión.

Tampoco debe existir la obligación de replicar estructuras y burocracia en los más recónditos lugares (municipios) del país ya que ello es muy caro y no es necesario, cuesta mucho dinero a diario y son estructuras que sólo complican y encarecen los procesos electorales y el día a día. La filiación partidista se “geo-referencia” en la credencial de elector y debiera ser muy estricta la forma de fiscalizar el padrón mínimo de militantes.

Yo sí creo que las cosas han cambiado en México y que 2018 puede representar un verdadero parteaguas en la historia del país; no debemos desaprovechar la oportunidad de lograrlo. El Congreso, como pocas veces en la historia del país, tendrá que actuar con responsabilidad y visión para hacer los cambios constitucionales y legales que se requieren. Pero los legisladores deberán evitar que las prisas y las urgencias comprometan la calidad del trabajo legislativo y frenen la oportunidad de contar con las leyes que los mexicanos queremos y merecemos.

Bien dicen que “de buenas intenciones están llenos los panteones”. Los mexicanos deseamos que las buenas intenciones y las buenas propuestas se reflejen en buenas leyes, adecuadas,  bien desarrolladas, producto de una reflexión seria, para que las buenas intenciones se concreten en un marco jurídico sólido y en acciones de gobierno eficaces.