Sinaloa, los estados ¿Hacia el Oscurantismo?

Manuel Cárdenas Fonseca

Todo indica que en Sinaloa se prentende instaurar una era de oscurantismo, donde la crítica y el debate sobre la actuación de los gobiernos será restringida, y la revisión de las cuentas públicas se limitará a la aprobación de dictamenes sobre informes de auditoría, quitando la figura del Dictamen de Cuenta Pública a aprobar o rechazar por el Pleno (los legisladores). De lograrse lo anterior por parte de sus promotores con el silencio sepulcral del gobernador actual y que sería el beneficiario del tema junto con los actuales alcaldes, habrá que estar prestos para que los que tienen el interés legítimo recurran tal osadía por las vías legales.

Reitero, en el ánimo del debate legal he participado habida cuenta de que para un servidor es una aberración el que la Asamblea delegue en un órgano de apoyo técnico auxiliar del Poder Legislativo la definición política y social basándose sólo en la revisión técnica, que en muchas ocasiones está plagada de irregularidades propias de facturas falsas, mala supervisión, expedientes de gabinete, etcétera Que triste momento en la democracia sinaloense, que parece ya ser una aspiración lejana más que una realidad cotidiana.

La semana pasada el Congreso de Sinaloa, con el mínimo número de diputados requeridos, y a pesar de la oposición de amplios sectores de la sociedad, aprobó reformar los artículos 37 y 43 de la Constitución del estado de Sinaloa. Con ello, se dio un duro golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas en nuestro estado y se planteó el retorno hacia viejas prácticas de ocultamiento y opacidad.

Ahora quieren que los sinaloenses seamos como los tres monos sabios: no veremos el mal, no escucharemos las malas acciones y no hablaremos de lo malo.

Lo peor de todo es que los defensores de la reforma dicen que no se les quita facultades al Congreso, que no se viola la Constitución Federal, que no se conculcan derechos ciudadanos y que sólo es para poner las normas en armonía con las reformas federales anticorrupción. Si esto es así ¿por qué la exposición de motivos de la iniciativa sostenía que con el fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado ya no es necesario que el Congreso apruebe la Cuenta Pública? Si dicen que las facultades del Congreso quedarán intocadas entonces ¿Para qué hacer reformas constitucionales? Después que no se aprobó inicialmente la Cuenta Pública del primer semestre de 2016, qué conveniente para algunos reformar la Constitución con dedicatoria.

Qué uso de la retórica política para simular y mentir. Pero eso sí, los artífices de la reforma, calladitos, sin decir esta boca es mía, para evitar la crítica social –supongo- y no pagar los costos políticos.

De consumarse, para mí, el referido atraco a la democracia, la división de poderes, la trasparencia y rendición de cuenta, encuentro las siguientes acciones legales:

1.- Acción de inconstitucionalidad: Es un control abstracto que no requiere probar que la norma ha producido un daño específico, basta con argumentar hipotéticamente el daño que la norma general causa a artículos de la Constitución.

  1. Se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma.

  1. De acuerdo a lo que establece la fracción II del artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, sólo pueden promover esta acción, en particular contra leyes locales:

  • El Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica. Aquí habría que unir firmas de ciudadanos y organismos de la sociedad e intermedios para elevar tal petición.

  • 33% de los integrantes de la legislatura local. Aquí se necesitan 14 diputados, ahora entonces la lucha interna continuará por lograrlo o que no lo logren y se enfrentará más la armonía interna y social interna y hacia los diputados en el Congreso.

  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos estatal  cuando se vulneren derechos humanos establecidos en la Constitución o en tratados internacionales en la materia. Aquí si bien lo pueden hacer de mutuo propio, también pueden no hacerlo por lo que se requiere que los diputados en contra y organismos de la sociedad y ciudadanos le hagan la petición a ambos órganos autónomos (no dependen de los ejecutivos estatal o federal) y supiéramos si realmente atienden su autonomía o este tipo de acciones son mandatadas desde una mano que mece la cuna.

  • El organismo garante de la transparencia federal o del estado, cuando se violenten garantías en la materia protegidas por la Constitución o por tratados internacionales de los que México forma parte. Ídem párrafo anterior. El Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, federal) y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa (CEAIP, local).

  • El Procurador General de la República en materia penal o en temas relacionados con sus funciones (explorar esta vía, en este momento, habida cuenta de que no hay fiscal anticorrupción).

c). Se deben precisar los artículos constitucionales o de los tratados internacionales violados. En este caso y en primera instancia el 115, con referencia al 116 y al 74 fracción VI. Podría haber violaciones al artículo 6 en relación a la transparencia y violación a derechos humanos como el derecho humano a buen gobierno, a estar debidamente informado, etc. En este último caso de los derechos humanos se estaría poniendo a prueba que entienden las Comisiones de los derechos humanos respecto de los mismos con relación a buen gobierno, trasparencia y rendición de cuentas entre otros.

2.- Controversias constitucionales: Éste es un mecanismo de control constitucional que fundamentalmente está enfocado dirimir los problemas sobre posibles invasiones de competencias de los poderes o de los órdenes de gobierno, aunque también abarca atender lo relativo a resolver sobre la constitucionalidad de actos o disposiciones generales entre dos poderes de un mismo estado o entre un estado y uno de sus municipios, pero se tiene que acreditar la afectación del demandante. Esto abre alguna posibilidad en este caso:

  1. Tratándose de normas generales se presenta dentro de los 30 días siguientes al día siguiente de su publicación. Tratándose de actos dentro de los 30 días siguientes a que el acto surta efecto. Se presenta ante la Suprema Corte.

  1. En este caso y de acuerdo a lo que establece el artículo 115 constitucional fracción I, la podrían presentar:

  • .Uno de los otros poderes del estado (Ejecutivo o Legislativo) contra el Congreso, porque afecta su posibilidad de rendir cuentas a los ciudadanos o el trabajo de justicia en materia de corrupción. Hay que solicitarle al gobernador lo haga para saber qué idea de estado tiene, que idea de gobierno pretende y que piensa de su rendición de cuentas. Asimismo, solicitárselo al Poder Judicial para saber qué criterios tiene y saber si no lo hace que esperar de la impartición de justicia y del equilibrio de poderes o si simplemente siguen siendo una sucursal del mandato del poder ejecutivo e intereses personales. Ambas peticiones deben ser hechas por la mayoría de ciudadanos, organismos intermedios y no gubernamentales posibles.

  • Algún municipio contra la legislatura y el estado por no permitirle rendir cuentas adecuadamente a la ciudadanía. Aquí caben los municipios gobernados por el PAN que no sean “empleados del poder ejecutivo estatal y entiendan su compromiso con el equilibrio de poderes, el debido ejercicio de las funciones de los legisladores, la trasparencia y rendición de cuentas y el derecho humano a la información entre otros.

Como se trata de una norma general la resolución que se apruebe tendrá efectos generales y sólo procederá si se obtiene al menos 8 votos, si no es así será desestimada.

Como podemos observar, el que los promotores de este atraco (al menos para mí) vayan avanzando en esta retrógrada reforma, no quiere decir que ya esté vigente; aún tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de los ayuntamientos (sugiero no tendrá problema el promotor escondido habida cuenta de declaraciones de alcaldes priistas). Los municipios tendrán que manifestar su posición al respecto dentro de los quince días siguientes a que fueron notificados de estas reformas y en el caso de no hacerlo en este plazo su voto se considerará positivo (vaya afirmativa ficta, debiera ser negativa ficta). Espero (sé que es demasiado pedir) que se actué sin consigna partidista y se piense en el bienestar de Sinaloa y de sus habitantes.

Al gobernador se le presenta la oportunidad histórica de manifestarse como un firme defensor de la legalidad y el estado de derecho, de la división de poderes y de la transparencia y rendición de cuentas. Es una oportunidad que no debiera desaprovechar para expresar su compromiso con la consolidación de la democracia en la entidad y con todos los sinaloenses.

Pero aunque se promulgara esta reforma, los sinaloenses, tenemos también el derecho de promover los mecanismos de control de la constitucionalidad establecidos en las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya comentados.

Sugiero habría que promover ambas vías destacando la acción de inconstitucionalidad  para frenar esta reforma que violenta lo establecido en el artículo 115 constitucional sobre la facultad de los Congresos locales de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los municipios, así como el derecho humano a la información de los sinaloenses, insisto, y es muy importante señalarlo habida cuenta de quienes tienen el interés legítimos de hacerlo, que también es muy importante promover la controversia constitucional, ya que de ésta última, podríamos ver de que está hecho el PAN en sus gobiernos del orden municipal o si el discurso es también vano y son rehenes del interés del gobernador y del presupuesto en turno (Ricardo Anaya tiene la palabra @RicardoAnayaC ).

La sociedad sinaloense debe actuar para evitar que se consume este atentado contra sus derechos y solicitar a los órganos facultados para promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que lo hagan. Quedarnos callados e inactivos es aceptar que Sinaloa se gobierne en las sombras.

¡Muchas gracias y sean felices!

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Written by Redacción