La otra república

 Num. 6 | Las drogas y sus mundos  ojo

Guillermo Ibarra

 

Un analista extranjero que mencionamos en el artículo anterior, también nos preguntó: ¿Cómo se relaciona la infiltración de la economía del tráfico de drogas con la corrupción política, y en qué medida los llamados narco-empresarios se posicionan políticamente? Compartimos la respuesta con los lectores.

La palabra infiltración no es la adecuada para describir lo que ocurre con la relación entre la economía lícita e ilícita en Sinaloa. Ese es un tropo lingüístico usado en acciones de guerra donde un enemigo se “infiltra” como el agua en el territorio enemigo para hacer daño.

Es necesaria mayor imaginación sociológica para entender ese problema, puesto que en Sinaloa la norma es que un buen político es sospechoso de ser “narco político” por antonomasia, por acción u omisión de sus responsabilidades públicas. Aunque hay muchas excepciones.

Al mostrar cómo se organizó la economía en la Nueva España en sus primeros pasos, Enrique Semo, en su libro Historia del capitalismo en México, 1521-1763 (1973), llamó a la organización vernácula de las comunidades y regiones del territorio conquistado, república de los indios, consistente en la organización preexistente con sus formas de propiedad, jerarquía política, sistemas de producción y distribución.

Sobre esta república, según Semo, se erigió la república de los españoles, es decir, un sistema institucional de gobierno diferente pero articulado para usufructuar a la república de los indios. Se construyeron híbridos para conectar a ambas, por ejemplo, la encomienda que fue una forma de reclutar de las comunidades, una cantidad de indios para asignarlos a tareas productivas o proyectos de los españoles.

Al tomar como referencia ese paradigma histórico, podemos ver que en la sociedad mexicana actual convive la republica de los narcos con la republica civil, de tal suerte que se trata de un sistema institucional complejo, flexible, multifuncional que causa asombro similar a las grandes obras de arquitectura posmoderna.

Hasta la década de los ochenta, el estado priista mexicano tenía absoluto control de las bandas de narcotraficantes, a las cuales toleraba y a la vez “ordeñaba” de dinero; además, podía desaparecerlas en cualquier momento.

Con la globalización de las redes del tráfico de drogas, la conformación de mafias trasnacionales, el mercado global de armas, el avance de las telecomunicaciones y la obsolescencia de las instituciones políticas y de justicia que fueron funcionales en una sociedad rígida, el narcotráfico creó en México una nueva generación de empresarios con espíritu competitivo global, que al igual que la burguesía dedicada al comercio de larga distancia en las ciudades medievales crearon un nuevo sistema de organización que le permitió abrirse paso en medio de la sociedad señorial y feudal.

De igual manera, los empresarios del narco comenzaron a armar redes de producción y distribución, fórmulas novedosas de tributación a la autoridad establecida mediante sobornos, a incorporarse al manejo de la seguridad del territorio a través del financiamiento ilegal de las policías, e incluso terminaron convirtiendo en sus socios permanentes u ocasionales a empresarios reputados de honestos, presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores.

De esta forma, al menos en el caso de Sinaloa, se tiene una nueva gobernanza de un estado con perfiles fallidos en términos de hacer valer el estado de derecho entendido en forma convencional.

Aunque no son visibles los mecanismos de interacción de ambas repúblicas, en el caso de Sinaloa es posible advertir la existencia de una división territorial de la republica del narco que comprende a algunos municipios que tienen a una autoridad que se encarga de tributar una cantidad de dinero a las autoridades, policías y según Anabel Hernández, hasta al ejército, para poder operar con la complicidad de ellos e incluso con el concurso de ciertos comunicadores sociales.

Pareciera ser que a quien se le concesiona algún territorio tiene la prerrogativa de contar con el auxilio de jefes de seguridad, policías, quizá acceso subrepticio al sistema de video vigilancia de las calles, intervención subrepticia del control de seguridad (C4).

A su vez, los concesionarios del territorio se atribuyen en ocasiones funciones de autoridad municipal para autorizar en áreas urbanas, colonias populares o zonas rurales, la práctica de venta de droga, robo de automóviles y otros delitos menores.

Por consecuencia, a través de esa vía intentan recuperar la cuota que deben pagar en la republica civil. No obstante, su verdadero negocio es el comercio de drogas a larga distancia, de donde obtienen sus grandes dividendos, pero es requisito tener una base territorial para sus operaciones.

Ese sistema ha permitido que ciertos líderes de diferentes partidos políticos, funcionarios del más alto nivel e incluso autoridades de otras instituciones no políticas, se vean obligados a interactuar con los funcionarios de la republica del narco, la cual es algo más que un puñado de capos influyentes, sino un desconocido sistema de liderazgos rotativos, coyunturales que pueden cambiar de acuerdo con los políticos que estén en un tiempo determinado en los cargos públicos.

Algunos analistas del periodismo local han escrito que esta simbiosis institucional tiene el consentimiento de los órganos de seguridad de los Estados Unidos, que prefieren tener bajo control a los proveedores de droga que tener que lidiar con agrupamientos de las mafias rusas, albanesa o china.

En esta circunstancia, el dinero que genera la república del narco puede con poco problema incorporarse a los negocios lícitos de la otra república.

De nuevo, la legalización de la economía de las drogas deberá darse antes que ese “molino satánico”, devorador de personas e instituciones, acabe con el estado de derecho y la vida civilizada de Sinaloa y México.

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Written by Redacción